Las concesiones del Gobierno a varios grupos políticos, en el periodo de negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, ha puesto de manifiesto que los sindicatos teníamos razón cuando decíamos que había dinero para llevar a cabo esas propuestas y que el problema fundamental era la ausencia de voluntad política.
Ambas organizaciones exigimos al Gobierno:
- Subida de las pensiones desde enero de 2018, no desde junio como está previsto. La estimación del coste de la revalorización de pensiones debe garantizar un incremento de pensiones que garantice su poder adquisitivo desde principios de año.
- Su revalorización automática conforme al IPC anual . La fórmula de revalorización acordada en el Diálogo Social en 1996, que ha generado el mayor periodo de nuestra historia reciente con garantía de poder adquisitivo de las pensiones, derogada por la reforma de 2013, establecía una necesaria cláusula de revisión -una vez que el IPC anual sea definitivo- que ahora no aparece.
- Derogar la reforma de 2013 en su integridad, no solo retrasar la aplicación del Índice de Revalorización y del Factor de Sostenibilidad impuestos por el PP.





